El gobierno de Rajoy aprobó el pasado viernes la anunciada reforma laboral y
de negociación colectiva, publicada en el BOE el sábado 11 de febrero, bajo el
nombre de “Real Decreto Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado
laboral”.
Esta forma de proceder es profundamente antidemocrática, ya que entra en
vigor una ley sin debate previo, sin información. El gobierno del PP ha actuado
igual que lo hizo reiteradamente Zapatero. Rajoy ha ocultado deliberadamente
los contenidos, como se demuestra con sus comentarios (“la reforma me
costará una huelga general”) o los del ministro de economía (Luis de Guindos,
quien señaló al Comisario de Economía de la Comisión Europea que la reforma
iba a ser “extremadamente agresiva”).
En el plazo de un mes el Real Decreto Ley debe ser convalidado en el
Parlamento español, lo que está garantizado con la mayoría absoluta del PP.
Además, se ha anunciado que posteriormente va a ser tramitado como
proyecto de ley, lo que puede dar lugar a que la reforma aún empeore al ser
sometida a enmiendas.
I-LOS CONTENIDOS DE LA REFORMA
La reforma aprobada supone un grave recorte de los derechos laborales. Es un
nuevo paso en un proceso permanente de reformas (la patronal ya ha dicho
que todavía quiere más). Los cambios son muy grandes en los distintos ámbitos
de la vida laboral: la contratación, el despido, lo que pueden hacer las
empresas cuando una persona está trabajando, o el valor que tiene la
negociación colectiva. Los elementos más destacables de lo aprobado son:
a) Se facilita y abarata el despido, por diversas vías
Se dan nuevos cambios en la regulación del despido por causas empresariales
(despidos objetivos y despidos colectivos), en los que el coste para la empresa
resulta notablemente inferior. En este sentido, las sucesivas reformas han ido
ampliando las razones por las que puede despedirse por causas empresariales.
Por ejemplo, la última reforma de Zapatero supuso que los despidos
procedentes por causas empresariales (causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción) ascendiesen del 34% en 2010 al 44% 2011.
La reforma de Rajoy supone un retroceso sustancial en la protección de los
trabajadores y trabajadoras. Facilita y abarata el despido por diversas vías:
· Se amplían las causas económicas para que un despido sea calificado
procedente por causas empresariales. A partir de ahora será suficiente
para que una reducción de ventas sea considerada persistente (y por
tanto el despido objetivo) que se produzca “durante tres trimestres
consecutivos”. No solo es injusto, sino que además es un llamamiento a
la picaresca basada en la manipulación contable de las cuentas de las
empresas. Tanto en lo referente a los despidos por causas económicas como a los que se basan en razones técnicas, organizativas o
productivas, se relajan las exigencias de acreditación exigibles a las
empresas, y sobre todo, se elimina la exigencia de que estas causas
conlleven riesgos futuros para la empresa o el empleo o de que se
justifique que con los despidos vaya a mejorar la situación competitiva
de la empresa. Ello hace probable que proliferen despidos con
indemnizaciones de 20 días por año trabajado con un máximo de 12
meses.
· Rebaja de la indemnización por despido improcedente: cuando un
despido sea considerado improcedente, el tiempo transcurrido desde la
entrada en vigor de la reforma se computará a 33 días por año a la hora
de calcular la indemnización a la que tiene derecho el trabajador o
trabajadora despedida. El tope será de 24 meses. Para quienes tienen un
contrato indefinido ordinario desde antes de la nueva reforma, el tiempo
transcurrido hasta el 11 de febrero se contabiliza a 45 días por año. Si el
cálculo así realizado supera los 24 meses, será su tope de indemnización
(no se computa el tiempo transcurrido desde la aprobación de la
reforma), que nunca podrá ser mayor a 42 meses.
· Pérdida del derecho del trabajador al cobro de salarios entre el despido y
la notificación de la sentencia donde se declare la improcedencia
(salarios de tramitación). Ahora solo se cobrará ese salario si el
empresario opta por la readmisión.
· Desaparece la posibilidad del empresario de despedir aun sabiendo y/o
reconociendo la improcedencia del despido (lo que se denominaba
“despido express”).
· Para despedir a un trabajador o trabajadora de manera “objetiva”
alegando absentismo, se elimina la exigencia de que, además del
porcentaje de ausencias de la persona despedida, los umbrales de
absentismo existentes en la empresa alcanzasen determinados niveles.
Así se facilita este tipo de despidos.
· Se elimina la autorización administrativa previa en los procedimientos de
despido colectivo (ERE). A los nuevos EREs se les aplicará la nueva
normativa: se mantiene el periodo de consultas, como máximo de 30
días naturales y para empresas con menos de 50 trabajadores de 15
días. Si transcurrido el periodo de consultas no se alcanza un acuerdo la
empresa comunicará la decisión final que adopta con respecto al ERE de
extinción y las condiciones en que ejecutará los despidos. Si la empresa
decide aplicar el ERE de extinción hay un plazo de 20 días para presentar
la impugnación o la demanda en contra de la decisión adoptada
unilateralmente por la empresa.
· Aplicación del despido objetivo en el sector público. Los entes,
organismos y entidades que forman parte del sector público podrán
extinguir relaciones laborales alegando causas económicas, técnicas,
organizativas y de producción.
b) Debilitamiento del derecho a la negociación colectiva
La última reforma de la negociación colectiva de Zapatero permitió la
centralización de la negociación colectiva, y ponía límite al plazo de renovación
de los convenios. La reforma de Rajoy da nuevos pasos, agravando
enormemente la situación:
· La ultraactividad de los convenios se limita a dos años. Transcurridos dos
años desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado
uno nuevo o dictado un laudo arbitral, el convenio perderá, salvo pacto
en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio de ámbito
superior. Hasta ahora, la falta de acuerdo en la negociación podía dar
lugar a la ultraactividad del convenio sin límite de tiempo; ahora, sólo si
las partes lo acuerdan (algo posible pero obviamente no probable).
· Prioridad aplicativa absoluta del convenio de empresa respecto del
convenio sectorial, pudiendo rebajarlo en determinadas materias. La
regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa
tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial en materias
muy importantes, como la cuantía del salario base y de los
complementos salariales, el abono o la compensación de las horas
extraordinarias y la retribución específica del trabajo a turnos, el horario
y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y
la planificación anual de las vacaciones. A diferencia de la reforma de
Zapatero, los acuerdos y convenios colectivos de estructura de la
negociación colectiva, sean del ámbito que sean, no podrán disponer de
la prioridad aplicativa prevista en este apartado.
· Se facilita el descuelgue de la empresa del convenio. El descuelgue se
produce ahora del convenio colectivo aplicable, “sea este de sector o de
empresa”. Antes tenía que ser respecto de un convenio de ámbito
superior al de empresa. El procedimiento se regula de tal manera que o
te sometes previamente al arbitraje o acabas en él. Es decir, si la
empresa quiere no aplicar el convenio, o alcanza un acuerdo con la
representación de los trabajadores y trabajadoras, o puede forzar en
última instancia un arbitraje. Hasta ahora, cabe que los acuerdos
interprofesionales no solucionen la discrepancia. Ahora se añade la
posibilidad de que “cualquiera de las partes” pueda someter la solución
de la discrepancia a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos, o a los órganos correspondientes de las comunidades
autónomas, que podrán resolver mediante decisión adoptada en su seno
o por árbitro designado por ellos mismos.
c) Aumento de la flexibilidad laboral a discrecionalidad de la empresa
Otro de los ámbitos que se han vuelto a tocar en esta reforma es el de la
“organización de la empresa”, atribuyendo a ésta un mayor poder de decisión.
Así:
· Se facilita la movilidad funcional, eliminando limitaciones hasta ahora
existentes.
· Se facilita la movilidad geográfica, pudiendo ser justificada de manera
más fácil y genérica, al ser causas las relacionadas con la competitividad,
productividad u organización técnica o del trabajo de la empresa.
Además de ello, se elimina la facultad de la autoridad laboral de demorar
la efectividad del traslado por un período de hasta 6 meses.
· Se facilita la modificación sustancial de condiciones de trabajo. Las
causas que justifican una modificación sustancial de las condiciones de
trabajo fijadas en contrato, convenio o pacto colectivo se relativizan
enormemente, haciendo más fácil en la práctica que se pueda producir
esta modificación a instancias de la empresa. Además, se añade la
“cuantía salarial” a las materias sobre las que se permiten modificaciones
sustanciales de condiciones de trabajo.
d) Modificaciones en la contratación
Esta nueva reforma precariza más la contratación y sigue utilizando la vía de las
subvenciones a las empresas:
· Contrato para la formación.
o La duración máxima del contrato para la formación pasa de 2 a 3
años. Transitoriamente, además, en tanto la tasa de paro no
descienda del 15%, el contrato se podrá realizar con trabajadores
de hasta 30 años (el límite máximo legal de edad es hasta los 25
años).
o Se abre la posibilidad de hacer un segundo contrato para la
formación a la misma persona, si se trata de una actividad laboral
u ocupación distinta. Antes no se podía realizar de nuevo un
contrato para la formación una vez expirado el anterior.
· Modificaciones del Contrato a Tiempo Parcial. La reforma que acaba de
entrar en vigor permite realizar horas extraordinarias dentro del contrato
a tiempo parcial, algo que hasta ahora estaba expresamente prohibido.
· Crea el Contrato indefinido de apoyo a los emprendedores. Un nuevo
contrato indefinido para empresas de hasta 50 trabajadores y
trabajadoras.
o Este contrato tendrá un período de prueba de un año por lo que
dentro del primer año de contratación el despido será libre y
gratuito. El trabajador contratado puede optar por compatibilizar
el salario con la percepción del 25% de la prestación por
desempleo.
o Cuenta con ayudas públicas: deducciones fiscales para la
empresa, y bonificaciones en la cuota empresarial a la SS durante
tres años, desde 1000 a 1500€/año, según colectivos.
· Cambio en la definición de ETT para posibilitar que actúen como
agencias privadas de colocación.
II- VALORACIÓN DE ELA Y ALTERNATIVAS
1. La reforma laboral y de negociación colectiva aprobada por el gobierno
de Rajoy es un ataque salvaje a los derechos laborales. Ni una sola de
sus medidas supone sacrificio empresarial. El gobierno desequilibra aún
más las relaciones laborales a favor de la parte más fuerte. Da más
poder de decisión a los empresarios a costa de dejar más indefensa a la
parte más débil, a los trabajadores y trabajadoras a quienes recorta sus
derechos. El papel equilibrador del derecho laboral se va haciendo añicos
reforma tras reforma.
2. La reforma va a aumentar el paro y la pobreza. Una vez más se utiliza
como excusa la creación de empleo para justificar una reforma de este
calibre. Sin embargo, es evidente, que facilitar y abaratar el despido va a
suponer más paro. Y que el objetivo del conjunto de medidas es debilitar
la defensa colectiva y que los trabajadores y trabajadoras acaben
aceptando condiciones de trabajo cada vez peores. Se trata de que los
salarios sean cada vez más bajos, que las empresas chantajeen y
amenacen con despidos, movilidad, no aplicación de las condiciones
establecidas en los convenios, etc. Es decir, se trata de que los
trabajadores y trabajadoras sean cada vez más pobres para que una
minoría se quede con una parte creciente de la riqueza.
3. Nos encontramos ante una ofensiva sin precedentes del poder
económico, que está aprovechando la crisis para ganar posiciones en
todos los ámbitos que puede. El poder político está absolutamente a su
servicio, dejando de lado los intereses de la mayoría de la población, y
en especial los de los colectivos más desfavorecidos, más precarios
(mujeres, jóvenes, personas inmigrantes, etc.). La crisis de
representatividad de la clase política es cada vez más evidente. ¿Para
quién gobiernan, porqué utilizan la mentira, la propaganda y la falta de
debate como armas habituales?
4. Se desnaturaliza la negociación colectiva. Nos roban el elemento tiempo,
de gran importancia. La desaparición de la ultraactividad al cabo de 2
años supone una gran perversión, ya que el mero transcurso del tiempo
favorece enormemente la postura empresarial (se favorece el arbitraje o
la desaparición del convenio). El horizonte del arbitraje favorece el
inmovilismo en la propia negociación para no favorecer la postura de la
otra parte ante la futura decisión arbitral.
5. El contenido de esta reforma va en la misma dirección que el Acuerdo
firmado por CCOO y UGT con CEOE y CEPYME por el que esos sindicatos
aceptan una importante pérdida de poder adquisitivo para 2012, 2013 y
2014, y el aumento de la flexibilidad laboral a decisión empresarial. Ese
acuerdo, al igual que la reforma aprobada, supone empobrecimiento de
la clase trabajadora y aumento del poder empresarial en las relaciones
laborales. El presidente de la CEOE, Juan Rosell, lo ha dicho claramente:
para la reforma “ha ayudado mucho el pacto que alcanzamos los agentes
sociales en enero sobre moderación salarial. Los sindicatos abrieron las
puertas y facilitaron este paso”. Para ELA ni la reforma ni este Acuerdo
tienen por objeto favorecer el empleo. Si a los recortes y reformas que se están realizando se les añade la rebaja salarial, no solo se acepta la
pérdida del salario, sino que también se pierden empleos. Es una
renuncia en toda regla que un sindicato no debería aceptar nunca.
6. CCOO y UGT optan, en una coyuntura durísima, por la pérdida de
referencias sindicales y de credibilidad del sindicalismo, dando apoyo a
este tipo de graves medidas. No es de recibo hacer eso y criticar esta
reforma porque las dos cosas van unidas. La crítica a la reforma es una
pose, consecuencia de una evidente incomodidad: no es posible
mantener el muñeco del “diálogo social” con la que está cayendo. Son
poses calculadas que procuran no romper nada. El gobierno lo sabe, y
por eso en la reforma ha incluido también una serie de apartados
relacionados con la formación profesional, en la que, al parecer, quiere
“reforzar” el papel de los agentes sociales. La financiación a este capítulo
es una baza que el poder político usa con poco pudor, pero que le
permite aprobar una durísima reforma sin que el sindicalismo del estado
confronte con ella.
7. La reforma laboral y de negociación colectiva ha dejado en evidencia a
quienes han estado en la “negociación” de la Mesa de Confebask. ELA,
tras los contactos previos con Confebask, se negó a participar en ese
proceso, ya que el objeto era: tratar la estructura de la negociación
colectiva (sin ninguna garantía de aplicación tras la reforma de Rajoy,
como nos dijo Confebask) y aumentar la flexibilidad laboral más aún de
lo que la legislación permitía tras las sucesivas reformas que ya estaban
en vigor. El contenido de la reforma aprobada por Rajoy ha dejado en
evidencia a quienes han estado en esa Mesa. La reforma da más armas
aún a las empresas para que decidan unilateralmente descuelgues, o al
menos para forzar los arbitrajes (ahora se entiende mejor la posición de
Confebask de aceptar el arbitraje voluntario una vez transcurrido el plazo
máximo de negociación. Si no vas al arbitraje te quedas sin convenio).
La patronal ha sacado en la reforma todo lo que quería, y ya sabía lo que
iba a hacer Rajoy. El presidente de la CEOE, ante la pregunta de si
conocía antes la reforma, ha contestado: “Yo hablo con todo el mundo
siempre”. Es decir, sí la conocía. La patronal sabía la que venía, y
Confebask, con su Mesa, quería conseguir, además de unos contenidos
que le favorecían, paz social.
ELA defiende una alternativa que pasa por:
1. Unas políticas radicalmente diferentes a las que se están aplicando. En
materia laboral y de negociación colectiva, en lugar de recortar los
derechos laborales y aumentar el poder de decisión de la empresa, hay
que ir en la dirección contraria. Más garantía, más empleo y más calidad
en el empleo. Se deben revertir las reformas que se han aplicado en los
últimos años.
2. Sindicalizar las empresas. La reforma aprobada profundiza las anteriores,
y da más facilidades para que las condiciones de trabajo las establezca la
empresa de manera unilateral. Si no conseguimos aumentar el poder
sindical a nivel de empresa no vamos a estar en condiciones de impedir
el deterioro de las condiciones de trabajo y no vamos a mejorar estas
