La organización de la
clase trabajadora en las empresas, única clave para la respuesta
La negociación colectiva, tal y como
la conocíamos hasta ahora, ha pasado a la
historia. Sin duda, existe un antes y
un después de la reforma laboral (RL) y de la negociación colectiva (RNC),
aprobada de manera definitiva en el Congreso de los diputados el jueves 28 de
junio. Hoy vamos a valorar únicamente lo relativo a la RNC y el impacto que ya
a día de hoy está teniendo en nuestro mercado laboral.
Como ya adelantamos, el trámite
parlamentario ha empeorado aún más el Decreto aprobado por el Gobierno de
Mariano Rajoy el 12 de vebrero del 2012; esa era la intención del gobierno, y
la demanda de una patronal insaciable. Para ello han contado con la inestimable
y graciosa colaboración de UPN, Foro Asturias y CiU. La RNC de Jose Luis
Rodríguez Zapatero de junio de 2011 da los primeros pasos hacia la
centralización de la NC, posibilitando que sea en Madrid donde se decida qué se
puede negociar y dónde. CCOO, UGT y la patronal se han encargado de vaciar de
contenidos los principales convenios sectoriales provinciales: Desde junio de
2011 han firmado numerosos convenios estatales -Construcción, Derivados del
Cemento, Seguridad Privada, Comercio, Metal, Residencias, Telemarketing,
Conservas, etc.- que, en diferente medida, se apropian de la mayoría de las
materias a negociar y determinan, en cualquier caso, qué se puede negociar y
dónde, siempre a favor del ámbito estatal y en contra del ámbito provincial.
El 25 de enero de 2012 CCOO, UGT,
CEPYME y CEOE firman un nuevo Acuerdo Estatal para la Negociación Colectiva
(AENC), donde marcan los compromisos de las organizaciones firmantes respecto a
los contenidos de la Negociación Colectiva. Tal como denunciamos en su día, ese
acuerdo incluía elementos muy regresivos e insuficientes desde nuestro punto de
vista; una vez más, las organizaciones sindicales firmantes daban muestra de su
renuncia a la defensa de la clase trabajadora y sus condiciones de vida.
El golpe definitivo lo da la RNC
recientemente aprobada por el Congreso que,
entre otros cambios regresivos, determina
la prioridad aplicativa del convenio de empresa en algunas materias como el
salario, convirtiendo así los convenios provinciales sectoriales, hasta hoy
base de la negociación colectiva, en recomendaciones que ni obligan ni marcan
ningún mínimo, es decir, que a partir de ahora en la empresa se puede
negociar cualquier cosa y en cualquier
momento. El Gobierno regala también a
la patronal una de sus viejas aspiraciones, la limitación de la ultra actividad,
que queda en un año, limitación que en la práctica supone la desaparición; es
decir, todos los contenidos recogidos en los convenios dejan de estar en vigor
al año de su vencimiento. Por si esto fuera poco, el Gobierno de Rajoy otorga a
la patronal más poder, facilitando la posibilidad de descolgarse de los
convenios inaplicando los mismos y la posibilidad de modificar unilateralmente
las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras mediante la
Modificación Sustancial de las
Condiciones de Trabajo (MSCT).
Desde la entrada en vigor del Decreto
ley en febrero, la patronal vasca, igual que la española, no ha dudado en
aplicar todo lo que ha podido, siendo la MSCT la opción más utilizada para
conseguir el objetivo de reducir los salarios y convertir el mercado de trabajo
en una jungla, en la que los trabajadores no son sino mercancía, eso sí,
mercancía cada vez más barata. Ante esto en ELA pensamos que no vale seguir
mirando hacia atrás ni plantear ficciones que la ley no permite; ni blindar
ámbitos de Negociación, que no se pueden blindar (mucho menos con aquellos que
priorizan e impulsan la negociación estatal); ni demandar procesos de
negociación con la patronal, que, lejos de mostrar voluntad para cosas
diferentes, reafirma en cada intervención pública y en todas las mesas de
negociación abiertas su nula voluntad de esquivar
la reforma (es más, reafirma su apoyo
y la utilidad de la misma); ni ofrecer
contenidos por encima de los acordados
en el AENC de Enero del 2012, suscrito por CEOE, CEPYME, UGT y CCOO. Por ello,
ELA se compromete a organizar mejor a trabajadoras y trabajadores para impedir
que la reforma entre por la puerta de las empresas, y a buscar alternativas que
sigan posibilitando la defensa colectiva; es imprescindible llegar a los trabajadores
y trabajadoras contando lo que de verdad supone la RNC; va a resultar
determinante la capacidad de estar más presentes en las empresas. La sindicalización
será la que determine la realidad de cada empresa o sector. En definitiva,
nuestra capacidad de organización será el único límite que se van a encontrar
las empresas en su intento de dinamitar nuestras condiciones laborales
y de vida. Mejorar esa capacidad es
nuestro compromiso, y como siempre,
estamos abiertos a compartir camino y
pelea con todos aquellos que compartan diagnóstico, estrategia y objetivos.
Bilbao, 2 de julio de 2012
